El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 24 de enero las tres Directivas comunitarias que formarán la base para la legislación de Contratación Pública en sus estados miembros. Estas nuevas directivas -la general de contratación pública, la reguladora de la contratación en los llamados sectores excluidos y la reguladora de los contratos de concesión- regularán una actividad valorada en el equivalente al 19% del PIB anual de la UE, estimado en 25.000 millones de euros. También cambiarán en gran medida las formas de relación jurídica e instrumental que han tenido hasta ahora las empresas con las Administraciones públicas en el espacio comunitario. Las directivas aprobadas son las siguientes (disponibles para descarga a un click)
- Directiva contratos públicos aprobada por el Parlamento Europeo
- Directiva sectores especiales aprobada por el Parlamento Europeo
- Directiva concesiones aprobada por el Parlamento Europeo
El texto aprobado por el Parlamento Europeo no ha contentado a todos, dejando fuera algunas de las propuestas que el sector empresarial hacía e introduciendo por primera vez otras -como es el caso de la inclusión de criterios sociales y medioambientales en la adjudicación- que habían sido puestas en cuestión por dicho sector empresarial. Por el contrario, las nuevas directivas europeas de contratación van a exigir un mayor control de las empresas adjudicatarias en cuanto a requisitos de sostenibilidad y ecología por una parte y por otra, exigirán un mayor respeto al mercado de trabajo y a los convenios colectivos laborales, extendiendo este control a todos los niveles, incluyendo obligatoriamente a los subcontratados por la empresa adjudicataria. De ese modo será esta empresa la responsable del cumplimiento de los nuevos requisitos por parte de toda la cadena de producción asociada a la contrata. A grandes líneas se destacan los siguientes cambios:
Mejor relación calidad-precio
Gracias a los nuevos criterios de adjudicación previstos en las Directivas, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. “Los nuevos criterios pondrán fin a la dictadura del mejor postor y, una vez más, harán de la calidad una cuestión fundamental”, ha explicado Tarabella.
Menos burocracia para los licitadores y mejor acceso para las pymes
El proceso de licitación para las compañías será más simple, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario, lo que permitirá que sólo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original. Esto debe reducir la carga administrativa de las empresas en más de un 80 por ciento, según las estimaciones de la Comisión. Las nuevas normas también incentivarán la división de los contratos en distintos lotes para facilitar la participación de las pymes.
Soluciones más innovadoras
Los eurodiputados han defendido con éxito la introducción de un procedimiento completamente nuevo para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública. Las nuevas “asociaciones para la innovación” permitirán a las autoridades públicas abrir licitaciones para problemas específicos sin anticipar la solución de los mismos, lo que deja margen a la autoridad contratante y al licitador para que propongan ellos mismos los remedios.
Normas más estrictas para la subcontratación
Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.
Contratación electrónica
Vencido el plazo de transposición, todas las entidades contratantes de los países de la Unión tendrán la obligación de utilizar medios electrónicos para anunciar los procesos de contratación, recibir las ofertas de las empresas licitadoras o realizar las notificaciones propias de cualquier concurso público. Según ANEI, como se ha podido comprobar en los casos de estudios documentados por la Comisión Europea, el empleo de medios electrónicos en los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Esto significa que, siendo conservadores, las Administraciones Públicas españolas podrían ahorrar en torno a 7.800 millones de euros anuales.
Fuente: www.capitalmadrid.com www.obcp.es (Observatorio de contratación pública)