Bruselas, 21 mar (EFE).- La Comisión Europea ha presentado su propuesta para reforzar el cumplimiento de la directiva europea sobre trabajadores desplazados, que incluye un sistema de responsabilidades jurídicas y una regulación que concede la misma importancia a las libertades económicas y al derecho a la huelga. El comisario europeo de Empleo, László Andor, indicó que las propuestas clarifican las normas e introducen «garantías prácticas contra el ‘dumping’ social y malas condiciones de trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, donde el desplazamiento de empleados es más notable y hay más denuncias de abusos». La directiva refuerza el cumplimiento de una ya existente desde 1996 y aclara las normas sobre esta materia al introducir estándares más ambiciosos para la información que deben tener trabajadores y compañías sobre sus derechos y obligaciones, establecer normas para la cooperación entre las autoridades nacionales y evitar la multiplicación de empresas fantasma. También define el control de las responsabilidades y las posibilidades de inspecciones nacionales y mejora la aplicación de derechos y la gestión de denuncias y quejas.
Cada año se desplazan en torno a un millón de trabajadores en la UE para ofrecer servicios para sus compañías -el 0,4 % de la mano de obra europea- especialmente en sectores como construcción, agricultura y transporte, pero también para servicios más especializados como las tecnologías de la información. Los países más activos son Polonia, Alemania, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Portugal, según la Comisión Europea, que denuncia que las protecciones mínimas establecidas en la directiva de 1996 sobre horas de trabajo, salario, vacaciones, horas extra, condiciones de contratación, seguridad, salud e higiene, entre otras, no se aplican siempre de manera correcta o no son controladas suficientemente en el país de acogida. La Comisión destacó que la nueva directiva tiene una provisión especial para la protección de trabajadores desplazados en procesos de subcontratación, aplicada al sector de la construcción. De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, los abusos, la explotación y la competencia desleal parecen concentrarse en el sector de la construcción, que representa el porcentaje más alto de los desplazamientos (en torno al 25 %). En casos de explotación, la empresa contratante muchas veces saca indirectamente beneficios de los bajos salarios ofrecidos por una subcontrata y a veces éstos son tan bajos que es imposible respetar el salario mínimo fijado en ese país, explica la Comisión.
La provisión se centra solamente en el cumplimiento de los salarios mínimos y en la relación entre la empresa contratante en un país y la subcontrata que envía a trabajadores a ese Estado miembro para trabajar en la construcción, explicaron fuentes comunitarias.El trabajador afectado podrá denunciar en el país de acogida a la empresa contratante principal si recibe un salario por debajo del mínimo fijado, dado que en ocasiones no puede encontrar a la subcontrata o ésta ha desaparecido. En España, Austria, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Holanda y Bélgica ya existe el sistema de responsabilidades varias y conjuntas, y es considerado efectivo. En cuanto a la segunda propuesta de la Comisión, se trata de la denominada norma «Monti II», en referencia a una cláusula que introdujo el primer ministro italiano, Mario Monti, cuando fue comisario de Mercado Interior.La regulación de hoy confirma que el derecho fundamental a la negociación y a la acción colectivas, incluido el derecho a la huelga, y las libertades económicas tienen la misma importancia, lo que tiene implicaciones jurídicas en casos de huelgas con dimensiones transfronterizas, señalaron las fuentes comunitarias.La propuesta crea además un mecanismo de alerta para conflictos laborales en situaciones transfronterizas. EFE
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