Cinco altos mandos de una multinacional y un directivo de una subcontrata se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel cada uno de ellos e indemnizaciones millonarias como autores de un presunto delito de homicidio imprudente que le costó la vida a un trabajador de la subcontrata. El magistrado del juzgado de primera instancia e instrucción investiga ahora el fatal siniestro que se produjo el 7 de octubre de 2011 y las partes implicadas ya han presentado los escritos de calificación de los hechos, paso previo a la celebración del juicio.
El fiscal y la acusación particular piden responsabilidades al jefe de Ingeniería y Mantenimiento, al jefe de Recursos Humanos, al coordinador del servicio de Prevención, encargado de la dirección del centro, coordinador del servicio de prevención, por parte del empresario principal; y gerente de la subcontrata. Coinciden con el juez, de acuerdo a la investigación inicial, en que el trabajador entró en el horno para realizar la tarea que le había asignado de forma verbal un jefe de la fábrica y se electrocutó «porque el horno permanecía con tensión».
Argumentan igualmente que «el trabajo se realizaba en una instalación sujeta a tensión sin medidas previamente encaminadas a evitar el riesgo de contactos eléctricos». Destacan a su vez en los escritos de calificación que «ni la empresa principal ni la contratada tenían protocolo, ni siquiera sabían quien debía hacer el corte y consignación de la instalación, se desconocía la fase de encendido y apagado del horno y dónde se debía actuar». En cualquier caso hacen alusión a la «falta de organización y coordinación preventiva». Subrayan también en sus escritos que los acusados «no facilitaron las medidas de protección necesarias para evitar el fallecimiento».
Así, pues, la fiscal delegada de Siniestralidad Laboral de Fiscalía, solicita tres años de cárcel y la inhabilitación de cada uno de los seis acusados así como indemnizaciones que suman 132.986 euros en beneficio de los padres, el hermano y la pareja sentimental del fallecido. El abogado que defiende los intereses de la compañera del fallecido solicita por su parte penas de cuatro años de prisión y la inhabilitación especial durante seis años para los directivos de empresa principal y subcontrata más 150.000 euros para su cliente. La defensa de la familia directa solicita igualmente cuatro años de prisión y el abono de 250.000 euros.
Fuente: La nueva España www.ine.es
Altos Mandos?. Al coordinador PRL se le considera alto mando?.
Y LOS EPIS DEL TRABAJADOR? CONSTAN COMO ENTREGADOS al trabajador POR PARTE DE LA EMPRESA SUBCONTRATADA? PORQUE A VECES SE ENTREGAN LOS EPIS A LOS TRABAJDORES Y NO SIEMPRE LOS UTILIZAN…. LA PRINCIPAL TIENE LA OBLIGACION DE PEDIR A LA SUBCONTRATA LOS EPIS NO? GRACIAS.